(Portal Adital) Dois casos recentes de violência contra a mulher salvadorenha voltaram a acender o sinal de alerta em torno a esse tipo de fatos. O primeiro, sobre Silvia Rivera, de 37 anos, que faleceu em um hospital público onde estava internada desde o dia 13 de junho, após ser queimada com combustível por seu companheiro, Manuel Bermúdez. Segundo as versões da imprensa, Bermúdez colocou fogo em sua mulher após espalhar gasolina em todo seu corpo e atá-la em uma cadeira, após uma discussão, em um bairro da periferia de San Salvador.
O segundo caso, em circunstâncias similares; porém, sem chegar a um desenlace fatal, registrou-se na área rural. Jorge Alberto Cisco foi acusado de amarrar os pés e as mãos de sua mulher, Jennifer Escalante, jogar gasolina nela, o que ocasionou queimaduras em várias partes de seu corpo, principalmente nas pernas. Em sua declaração, Jennifer, de 27 anos de idade, disse aos agentes policiais que seu companheiro havia chegado em casa com uma garrafa de plástico contendo substância inflamável. Posteriormente, a atou nos pés e mãos, esvaziou o conteúdo sobre ela e acendeu um fósforo. Ao ser questionado pela polícia sobre as acusações, Jorge manifestou que “tinham problemas, como todo casal”.
Porém, trata-se de problemas estritamente circunstanciais de natureza individual ou de comportamentos individuais generalizados e de grande prevalência na sociedade? Segundo dados das Nações Unidas, em 2011, El Salvador registrou pelo menos 647 feminicídios; só superados na América Central pela Guatemala, com 705 casos. Em 2012, as autoridades salvadorenhas registraram pelo menos 2.493 denúncias por violência intrafamiliar. Um recente relatório da Organização Pan-americana de Saúde (OPS), elaborado com os Centros para o Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC, sigla em inglês), informa que nos últimos 30 anos, a comunidade internacional reconheceu cada vez mais a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, violação de direitos humanos e barreira ao desenvolvimento econômico. O documento revela uma série de descobertas em torno à violência contra a mulher, em 12 países da América Latina e do Caribe: Bolívia, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Peru e República Dominicana.
El informe muestra que en 12 países estudiados de América Latina y el Caribe, entre el 17 y 53 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar de esto, entre el 28 y 64 por ciento no buscó ayuda o habló con nadie acerca de esta experiencia.
Un punto central del documento, es que la violencia infligida por el compañero íntimo, a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental de la mujer. Entre el 41 y 82 por ciento de las mujeres que sufrieron abuso por parte de sus parejas experimentaron heridas físicas, desde cortes y moretones a huesos rotos, abortos involuntarios y quemaduras. De ahí que estime que la violencia infligida por el compañero íntimo es un problema de salud pública con graves consecuencias, no solo físicas, sino también mentales. Es decir, tiene un nivel de prevalencia y gravedad en la población, tanto a nivel individual como colectivo, que puede expresarse en mortalidad o alta vulnerabilidad de la vida. El reporte destaca además, que las mujeres que habían sufrido violencia física o sexual por el compañero íntimo, tenían más probabilidad de haber contemplado o intentado el suicidio, en comparación con las que nunca habían sufrido esa violencia. La conclusión resulta obvia: la violencia contra la mujer agrava la carga de mala salud mental entre las mujeres, y genera un gran impacto en los sistemas de salud de la Región.
Los casos de Silvia y Jennifer, que hemos citado al inicio, son un nuevo campanazo para tomar conciencia sobre la gravedad de este tipo de violencia y asumir las acciones necesarias. El informe de la OPS y CDC que asume esta realidad como un verdadero problema de salud pública y de convivencia social, propone las siguientes medidas: que los tomadores de decisiones públicas se ocupen diligentemente de la violencia contra la mujer, habida cuenta de la prevalencia extendida de esa violencia y sus graves consecuencias negativas en la salud, los derechos humanos y la economía. Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar la respuesta de instituciones clave de todos los sectores, porque las mujeres que sufren violencia en América Latina y el Caribe no siempre buscan ayuda, debido a no saber dónde ir o no confiar en que puedan recibir una ayuda eficaz, compasiva y confidencial.
Sin olvidar, claro está, medidas preventivas como la de aumentar la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos civiles, promover su empoderamiento social y económico, involucrar a los hombres y niños para promover la no violencia y la equidad de género, y prestar servicios tempranos de intervención a las familias en riesgo, entre otras. Ahora bien, tanto las medidas inmediatas como las estructurales, requieren como condición básica tomar conciencia de la problemática, sobre la base de la evidencia que proporcionan los datos de los estudios científicos.
Oportuno resulta citar en este punto, una de las urgencias que planteó la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida), sobre el tema de la mujer. “Urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso sexual; desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía; explotación publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social, que las tratan como objeto de lucro”.
Acesse o pdf: Violência contra a mulher, um problema de saúde pública (Portal Adital – 26/06/2013)
